El texto que permite el aumento presupuestario hasta en un 20% en contratos vigentes plantea que “las empresas contratistas que cumplan con los requisitos del D° 304 tienen plazo hasta el 9 de mayo de 2023 para solicitar acogerse al mecanismo de reajustabilidad”.

Uno de los efectos económico post pandemia que ha afectado negativamente  la Inversión Pública ha sido el aumento de los costos de construcción, esto ha generado un incremento de los valores de adjudicación de los proyectos, licitaciones desiertas o contratos abandonados. Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Hacienda han propuesto medidas que han flexibilizado el proceso de licitación y de ejecución de la inversión pública, acotado plazos de reevaluación ante incrementos superiores al 20% y ahora, el Decreto Supremo N° 304 que  implica la posibilidad de aumentar los estados de pago asociados a los contratos vigentes, es decir, aumentar hasta en un máximo de un 20% en contratos vigentes o proyectos que ya están en ejecución.

Rodrigo Araya, delegado Presidencial Regional, explicó que esta nueva medida que consiste en un mecanismo excepcional de reajustabilidad es retroactiva a proyectos de ejecución de obra pública que han sido postulados y que no correspondan a contratos con el Ministerio de Obras Públicas. “Nuestro gobierno preocupado por la seguridad económica, sobre todo de las empresas que trabajan en infraestructura del Estado, ha publicado el 10 de abril el Decreto 304 que permite el reajuste de los contratos que se han hecho desde el 1 de septiembre de 2021 y que tienen que ver con infraestructura pública que han pasado por el Sistema Nacional de Inversiones, donde van a poder obtener recursos adicionales con respecto a este aumento de costo. Lo invitamos a participar hasta el 9 de mayo, fecha plazo que tienen para presentar todos sus antecedentes en el Ministerio de Desarrollo Social”, recordó la autoridad regional.

Marcelo Santana, alcalde de Río Ibáñez y Presidente de la Asociación Regional de Municipalidades (AREMU), destacó que “para nosotros como municipios es una muy buena noticia, justamente habíamos estado conversando con la SEREMI de Desarrollo Social las implicancias que había tenido la pandemia, sobre todo en los costos y aunque había habido una modificación, pero no involucraba a otras instituciones ajenas al Ministerio de Obras Públicas, el Decreto 304 subsana esta situación y ahora va a poder haber un procedimiento de reajuste simplificado que no va a implicar mayores trámites y burocracia y que le va a dar mayor celeridad a las obras que ya se estaban ejecutando y accediendo a un incremento presupuestario producto de las alzas que provocó la pandemia”. 

Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, indicó que efectivamente este nuevo mecanismo que ha implementado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia junto a DIPRES, favorece a las empresas con contratos vigentes, pero también resguarda el empleo de los trabajadores y por supuesto, a los beneficiarios de los proyectos asociados. “Este decreto favorece el buen término de las obras contratadas, disminuyendo la incertidumbre respecto a posibles abandono de contratos por el incremento de los precios, la concreción de proyectos de importancia y beneficio para las comunidades y la reactivación económica, no sólo a través de la inyección de recursos frescos, sino la protección de los empleos que están involucrados en estos proyectos. Cuando nos comprometimos con generar condiciones de seguridad social, pública y económica hablábamos de este tipo de esfuerzos”.

Finalmente, las autoridades además de destacar la buena noticia, hicieron un llamado a las empresas que cumplen con los criterios indicados en el decreto N° 304, a elevar su solicitud a la institución financiera mandante del contrato, en un plazo de 20 días hábiles luego de publicado el Decreto, para que luego de aquello, la institución financiera resuelva respecto a esa solicitud y gestione con la Seremi de Desarrollo Social y Familia la reevaluación para el aumento del costo del proyecto.