Esta tarde el Senado aprobó el Veto Presidencial aditivo y sustitutivo del proyecto que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, quedando listo para ser promulgado como ley.

La iniciativa va en ayuda de 2 millones de hogares con ingresos informales que representan a casi 4,9 millones de personas. Al término de la votación el ministro Sebastián Sichel destacó que “lo que hemos hecho como Gobierno es apurar lo máximo posible el pago, lo que significa en la práctica que el día 29 de mayo todos aquellos que han tenido un bono anterior del Estado y les corresponde este beneficio recibirán el pago de forma automática. Un segundo grupo lo recibirá la segunda quincena de junio”. Sichel agregó que “nuestra preocupación siempre ha sido tener sentido de urgencia, reaccionar rápido, este proyecto fue una reacción que buscaba que el 20% de los chilenos recibiera el apoyo del Estado urgente y necesario”.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, explicó que con el veto “permitió sumar nuevos hogares que se han visto afectadas por la emergencia, familias que no pueden seguir esperando y que necesitan de este apoyo desde el Estado lo antes posible”. En la misma línea, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, afirmó que “la condición de precariedad que enfrentan millones de chilenos nos obliga a que trabajemos con sentido de urgencia, para que este ingreso llegue cuanto antes a los hogares que hoy esperan un apoyo económico y que contribuya a cubrir sus necesidades básicas de cara a la pandemia”.

Beneficiarios IFE

El Ingreso Familiar de Emergencia beneficiará a los hogares informales más afectados por las crisis sanitaria y económica provocada por la emergencia COVID-19, es decir aquellos hogares que:

1. Pertenezcan al 60% más vulnerable en los meses de emergencia, no sean parte de los 10% de mayores ingresos en el mediano plazo, y no tengan ingresos formales por remuneraciones percibidas a causa, por ejemplo, de un contrato de trabajo, pensando en que ellos podrían acogerse a otras medidas que se están impulsando para proteger los ingresos en medio de la pandemia.
2. Hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria (PBS), que no forman parte de ni del primer ni del segundo universo de hogares que incluía el proyecto inicialmente y que pertenecen al 80% más vulnerable del país según la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.