Con ella se busca sensibilizar a los funcionarios públicos de Magallanes y en especial a las OIRS de las instituciones.                                          

Punta Arenas, 1 de octubre 2014.- En el marco de la Ley 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social a través de SENADIS firmó un convenio de colaboración y transferencia de recursos con la Corporación de Asistencia Judicial. 

Mediante este convenio se busca atender correcta y oportunamente los requerimientos de las personas con discapacidad en materia de asesoría, asegurando el acceso a la justicia y la posibilidad real de ejercer y hacer valer sus derechos. Gracias a esta alianza, las CAJ cuentan con profesionales, abogados, capacitados en materia de atención a personas con discapacidad. 

En ese contexto este miércoles se llevo a cabo una charla dictada por la abogada Paulina Bravo, con discapacidad visual y Daniel Villarroel, ejecutores del convenio CAJ-SENADIS a nivel nacional, dirigida a funcionarios públicos de la Región de Magallanes, en especial encargados de OIRS de las instituciones. 

Milena Yankovic, directora regional de SENADIS, destacó esta charla, ya que busca sensibilizar a los funcionarios públicos y a la vez darles a conocer el uso correcto del lenguaje inclusivo para personas en situación de discapacidad. 

En la ocasión los relatores destacaron la importancia de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde los Estados se verán obligados a introducir medidas destinadas a promover dichos derechos y contra la discriminación. 

Estas medidas incluirán una legislación ad-hoc, eliminarán las leyes y prácticas que establecen discriminación hacia las personas en situación de discapacidad y se considerará la participación de ellas al momento de aprobar nuevos programas y políticas dirigidas a este sector de la población. 

Es así como la directora de SENADIS destacó que como país debemos ser parte de este nuevo paradigma, a través de un lenguaje inclusivo y relevando la perspectiva de derecho de todos los ciudadanos.