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De esta manera, la Convención pasó a su último trámite legislativo para que sea votada en la sala del Senado.
martes 20 de diciembre, 2016

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprueba Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores


De esta manera, la Convención pasó a su último trámite legislativo para que sea votada en la sala del Senado.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado  aprobó el proyecto de acuerdo enviado al Congreso, en junio pasado por la Presidenta Michelle Bachelet, para la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El paso siguiente es que el Proyecto de Acuerdo sea analizado por la Sala del Senado, en su último trámite legislativo.

La Convención asegura y garantiza 26 derechos y libertades básicas de las personas mayores, como por ejemplo, el de igualdad y no discriminación por razón de edad, un trato digno en la vejez, el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, entre otros.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza destacó este gran paso y señaló que “Chile está adoptando estándares internacionales en materia de protección de las personas mayores, y en este caso respecto a derechos fundamentales como bienestar, cuidado, seguridad social, dignidad, autonomía, entre otros. Son 26 derechos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas mayores, y que van muy de la mano con las políticas que está impulsando este Gobierno, por ejemplo, la eliminación del 5% de cotización de Salud o el aumento de un 10% de la Pensión Básica Solidaria”.

Al respecto, el director nacional de SENAMA, Rubén Valenzuela, precisó que “la Convención será un importante avance para la protección de las personas mayores. Como Estado deberemos asumir una serie de compromisos que se trabajarán de manera transversal y coordinada, implicando modificaciones de leyes, planes y programas, con el fin de  mejorar la calidad de vida de este segmento de la población, que actualmente representa a cerca de 3 millones de personas en nuestro país”.

De esta forma el Estado podrá adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, entre otras, que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.