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En su alocución, el secretario de Estado señaló que toda persona en situación de discapacidad posee personalidad jurídica sin detrimento de su voluntad, según lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
martes 27 de junio, 2017

Ministro de Desarrollo Social destaca la importancia de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad


En su alocución, el secretario de Estado señaló que toda persona en situación de discapacidad posee personalidad jurídica sin detrimento de su voluntad, según lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Santiago, 27 de junio de 2017-. Este martes se realizó el Seminario sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad, instancia donde se evaluó el modelo sustitutivo de la voluntad a uno de autonomía con apoyos. El diálogo fue organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en conjunto con el Programa para la Cohesión Social en América Latina.

El seminario tiene como finalidad abordar y abrir el debate sobre capacidad legal de las personas con discapacidad, sobre la base de igualdad ante la ley y la implementación de medidas de apoyo que les permitan tomar decisiones por sí mismas y el desarrollo de sus capacidades.

La jornada contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; el Director Nacional del SENADIS, Daniel Concha; la Subdirectora Nacional, Viviana Ávila, y la embajadora en Chile de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, además de representantes de Brasil, Costa Rica, Colombia, España e Inglaterra.

Al respecto, el Ministro subrayó que “las personas en situación de discapacidad son sujetos de derecho, y en consecuencia son personas capaces de participar en todos los aspectos de la vida social, en manifestar su voluntad, decisiones y preferencias personales”.

La autoridad luego se refirió específicamente al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues “establece que las personas con discapacidad tienen derecho universalmente al reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo los Estados Partes garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esto implica proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y es importante destacar que en ningún caso esto puede significar una sustitución de la voluntad de la persona”, concluyó el secretario de Estado.

Por su parte, el Director Nacional de Senadis, Daniel Concha, manifestó que “como Servicio Nacional de la Discapacidad, estamos conscientes que debemos trabajar fuertemente, para generar un cambio. El actual sistema de tutelas y curatelas requiere ser modificado y nuestra legislación armonizada, para implementar internamente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

Y agregó que: “en razón de lo anterior, la modificación de nuestro Código Civil y otros cuerpos jurídicos, que limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, debe ser considerada”.

La embajadora en Chile de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, complementó que "para poder incluir a las personas con discapacidad de verdad, uno tiene que darles todos sus derechos y para eso uno tiene que apoyar la independencia jurídica, la independencia de voluntad, la autonomía y no sustituirla. Así, uno va hacia una sociedad más humana, donde la diversidad no va a ser castigada, sino que aceptada, apoyada y donde la dignidad se definirá por fin por lo que es, abstenerse a imponer un modelo de una manera de ver las cosas, sino que promover la diversidad", concluyó

La actividad estuvo dirigida a la comunidad jurídica en general, académicos, jueces, notarios, fiscales del Ministerio Público, defensores de la Defensoría Penal, profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, abogados, expertos en materias de derecho privado y derechos humanos, funcionarios públicos y organizaciones de y para personas con discapacidad, interesados en asegurar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de su capacidad legal.