En reunión sostenida en la Misión Permanente de Chile ante la ONU en Ginebra, las organizaciones también valoraron la participación del Poder Judicial en la instancia, que es uno de los poderes del Estado que antes no había estado en las sesiones de la entidad internacional. 

Luego de haber terminado la sesión de examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, 8 organizaciones de la Sociedad Civil que estuvieron presentes en las dos jornadas de trabajo, llegaron hasta la Misión Permanente de Chile ante la ONU para reunirse con la delegación chilena encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Entre ellas las organizaciones estuvieron: ILGA, ODPI, Observatorio ciudadano, Opción, Misgin, y la Fundación Red de Estudio para la Profundización Democrática.

En la oportunidad, hubo coincidencia entre los representantes de la Sociedad Civil en la apreciación de que Chile hizo buenos planteamientos en sus respuestas ante el Comité. Además, se destacó que esta delegación se mostrara con una positiva “disposición al diálogo”. “Fue una delegación amable y no defensiva”, dijeron en la reunión de evaluación en las dependencias de la Misión Permanente.

Además expresaron un particular reconocimiento por la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Ministra Andrea Muñoz, como reflejo de una “representación más amplia de los poderes del Estado”. En este sentido, se señaló que no sólo el Ejecutivo está obligado a informar su grado de cumplimiento respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Junto con resaltar los avances, también se refirieron a los déficit del Estado chileno en materia de políticas de vivienda, en indígena y temas de la diversidad y no discriminación.

Un aspecto central expresado, vinculado a los cambios a la Constitución, fue el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos. “El pacto plantea la libre determinación de los pueblos y cuando hay más de un pueblo en el país, como es el caso de Chile, eso debe estar en la Constitución”,  señaló José Aylwin del Observatorio Ciudadano.

Agregaron que el encuentro se dio en un ambiente de conversación distendida, y resaltaron la necesidad de hacer seguimiento a las políticas públicas informadas ante el Comité.

En tanto, el director de DDHH de la Cancillería, Hernán Quezada,  también reconoció que este examen se dio en un escenario de diálogo, destacando el rol jugado por el ministro Marcos Barraza y de la  ministra Muñoz, que “reflejan este paso que estamos dando” en mayor diálogo y participación.