La autoridad destacó que la nueva normativa elimina la discriminación salarial que hoy existe respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental.

Santiago, viernes 07 de julio.- En el marco de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral para personas con Discapacidad, la Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner expuso esta mañana en la Cámara de Comercio de Santiago a más de un centenar de representantes de las empresas asociadas al gremio los detalles relativos al reglamento, implementación y fiscalización de esta Ley.

La Subsecretaria Berner destacó que los objetivos de esta nueva ley son la creación de un sistema de inclusión laboral, no discriminación y la Equidad Remuneracional para todas las personas con discapacidad tanto en el ámbito público como privado. “Esto es de suma importancia, si consideramos que el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, señala que en Chile el 20% de las personas de 18 años o más, es decir, más de dos millones seiscientas mil personas, se encuentran en situación de discapacidad. La mayoría de las cuales señala estar inactiva o desocupada y sólo el 39,3% tiene empleo”, señaló la Subsecretaria Berner.

Según el Registro Nacional de Discapacidad (RND), a junio de 2016, existen 270.057 personas certificadas con algún grado de discapacidad. De ellas, 181.736 personas se encuentran en el rango etareo de entre 18 y 65 años de edad.

Con respecto a la fiscalización, en el caso del sector público estará a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), mientras que en el sector privado los responsables serán la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.

Además, establece la obligación permanente de los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social de evaluar la ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión, sin embargo, solo para el inicio de la norma se estableció un plazo de 3 años para su revisión, lo que implica que ambos ministerios emanarán un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deban acogerse a la norma.