La actividad contó con diversos espacios de trabajo, además de una amplia lista de invitados internacionales que se reunieron para conversar sobre el impacto que tiene en la vida de niñas, niños y jóvenes cuando algún miembro de su familia está privado de libertad.

Preocupados por el bienestar de la infancia en el país y por promover la perspectiva de derechos para este sector de la población, fue que la Plataforma Regional por la Defensa de  los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con Referentes Adultos Privados de Libertad (NNAPEs), y el Ministerio de Desarrollo Social, junto al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaron este jueves 26 de octubre la jornada de trabajo “Niños Niñas Y Adolescentes Con Adultos Significativos Privados De Libertad: Un Desafío Desde Los Derechos Humanos Para América Latina Y El Caribe”.

Dividido entre un taller y un seminario, este espacio de formación buscó generar un diálogo abierto en base a la experiencia de los asistentes con respecto al trabajo con niñas, niños y adolescentes y sus familias, así como también dar paso a la conversación sobre la agenda de los Estados y la sociedad civil para los casos donde los más jóvenes conviven con el sistema penitenciario, ya sea porque su madre, padre o algún otro adulto significativo se encuentra privado de libertad.

Para enfocar aun más la jornada, se entregó el contexto de los cinco años que han pasado desde el día del debate general en Ginebra, evaluando los avances y desafíos que existen tanto en nuestro país como en el resto de los Estados latinoamericanos, con respecto a la entrega de la plena garantía de derecho para niñas, niños y adolescentes en  esta materia.

En este sentido, buscando desarrollar aún más la discusión con respecto a la realidad internacional, durante la segunda parte de la jornada se contó con un panel compuesto por Gonzalo Salles, Miembro Equipo de Coordinación, Plataforma NNAPES, Luis Pedernera, Miembro del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Víctor Giorgi, Director General del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, y María Del Carmen Díaz Sierra, Ministra del Tribunal de Familia en la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.

Con respecto a la actividad, el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, evaluó positivamente el desarrollo de este tipo de instancias, en especial cuando  niños, niñas y adolescentes tienen a su padre o madre privado de libertad, viéndose afectados por los problemas familiares asociados, tales como disminución de ingresos, ausencia del agente de protección y cuidado, crisis e instalación de dinámicas y ambientes familiares no adecuados para el desarrollo infantil, dificultades para una inserción escolar exitosa y problemas de salud mental, entre otros.

En este sentido, destacó la importancia del desarrollo de programas que ayuden a enfrentar este tipo de realidades, entregando no solo beneficios tangibles, sino que también la contención necesaria para las familias que cuentan con alguno de sus miembros dentro del sistema penal. “Teniendo todos estos antecedentes es que el Ministerio de Desarrollo Social viene implementando el programa Abriendo Caminos, que surgió entonces con el fin de prevenir los efectos no deseados de la pérdida de libertad del adulto significativo, constituyéndose en un servicio de apoyo psicosocial orientado a la prevención, protección y promoción de derechos  de los niños, niñas y sus familias” comentó Juan Eduardo Faúndez.

Finalmente, el Subsecretario de Servicios Sociales puso énfasis en las otras instancias en las que el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra trabajando para situar a la infancia en el centro de las políticas públicas, materializándose en logros tan importantes como la creación del Consejo de la Infancia y el reciente envío de los proyectos de ley que crean la Subsecretaría de Infancia y un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez. “Todos nuestros esfuerzos se ubican en esa misma senda, y todo apunta a ir cerrando de manera cada vez más efectiva la brecha entre la adscripción nominal y la materialización concreta de los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyó el Subsecretario Faúndez.